La política portuaria española ha experimentado transformaciones significativas desde finales del siglo XX, destacando su orientación hacia la competitividad económica y el avance hacia un modelo landlord. Este modelo combina la propiedad pública de las infraestructuras con la provisión privada de servicios y una mayor regulación pública. El artículo analiza los resultados económicos heterogéneos de las Autoridades Portuarias, señalando que no dependen principalmente de las inversiones realizadas, sino de factores como la ubicación geográfica, la especialización técnica, la conectividad y la integración en cadenas globales de suministro. Además, el porcentaje de superficie concesionada influye en las cifras de negocio y fortalece el liderazgo de los puertos en sus respectivos hinterlands. Estas dinámicas reflejan el impacto de la globalización y la importancia de la colaboración público-privada en el ámbito portuario.